El informe sobre «Principios de la seguridad jurídica» que algunos Senadores elaboraron, ratifica la imagen de que el Estado chileno no garantiza la democracia y lucha contra la discriminación, tanto en el plano nacional, por el carácter aberrante de la justicia implementada en la problemática mapuche, como en el plano internacional en donde incluso la política gubernamental recibe sanciones y genera nuevas acciones en su contra, poniendo en peligro la ratificación del acuerdo con la CEE por algunos parlamentos Europeos.
No es novedoso que una Comisión Senatorial dependiente de la Comisión de Constitución del Estado, encomiende un informe cuyo resultado es altamente discriminatorio, ello obedece a la normativa constitucional vigente , y la falta de reconocimiento a los Pueblos Indígenas de Chile. Entonces, todas las ofensas al pueblo Mapuche están permitidas legalmente. Obvio que es erróneo hacer una descripción o análisis de la situación de los Pueblos Indígenas en Chile centrándola única y exclusivamente en una confrontación, «entre aquellas comunidades mapuches y las compañías forestales en conflicto», y no considerar que estamos asistiendo al agotamiento definitivo de la política de la mentira y de la promesa no cumplida que afecta con énfasis diferentes, a todos los Pueblos indígenas del País.
La situación actual refleja la incapacidad o falta de voluntad de la autoridades nacionales para elaborar políticas y programas que rompan con la discriminación y la injusticia, se divorcien de la opciones económicas de las grandes empresas, y creen una normativa constitucional que retire a Chile del pedestal de ser uno de los países más retrógrados del concierto internacional en la lucha contra la discriminación racial.
Es necesario recordar que cuando la administración de la justicia de un país funciona de manera efectiva, toda víctima de un error judicial, de una detención arbitraria o ilegal, de torturas y de penas o tratos crueles inhumanos o degradantes y, en general, de toda violación de alguno de sus derechos o de alguna de sus libertades fundamentales, tiene derecho a ser resarcida, indemnizada, reparada o compensada por el daño, perjuicio o agravio que la violación le haya causado.
Dada la cantidad de recursos rechazados, todo hace pensar que la justicia chilena no comete errores y nunca se equivoca. Finalmente, decir convencido que, en materia de administración de justicia, Chile no es la copia feliz del Edén.
No es novedoso que una Comisión Senatorial dependiente de la Comisión de Constitución del Estado, encomiende un informe cuyo resultado es altamente discriminatorio, ello obedece a la normativa constitucional vigente , y la falta de reconocimiento a los Pueblos Indígenas de Chile. Entonces, todas las ofensas al pueblo Mapuche están permitidas legalmente. Obvio que es erróneo hacer una descripción o análisis de la situación de los Pueblos Indígenas en Chile centrándola única y exclusivamente en una confrontación, «entre aquellas comunidades mapuches y las compañías forestales en conflicto», y no considerar que estamos asistiendo al agotamiento definitivo de la política de la mentira y de la promesa no cumplida que afecta con énfasis diferentes, a todos los Pueblos indígenas del País.
La situación actual refleja la incapacidad o falta de voluntad de la autoridades nacionales para elaborar políticas y programas que rompan con la discriminación y la injusticia, se divorcien de la opciones económicas de las grandes empresas, y creen una normativa constitucional que retire a Chile del pedestal de ser uno de los países más retrógrados del concierto internacional en la lucha contra la discriminación racial.
Es necesario recordar que cuando la administración de la justicia de un país funciona de manera efectiva, toda víctima de un error judicial, de una detención arbitraria o ilegal, de torturas y de penas o tratos crueles inhumanos o degradantes y, en general, de toda violación de alguno de sus derechos o de alguna de sus libertades fundamentales, tiene derecho a ser resarcida, indemnizada, reparada o compensada por el daño, perjuicio o agravio que la violación le haya causado.
Dada la cantidad de recursos rechazados, todo hace pensar que la justicia chilena no comete errores y nunca se equivoca. Finalmente, decir convencido que, en materia de administración de justicia, Chile no es la copia feliz del Edén.
Marcelo Calfuquir (1)/ 28 de junio de 2003
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