sábado, 26 de septiembre de 2009

Nicaragua: LEY 285 Y 11 MUJERES INDÍGENAS PRIVADAS DE LIBERTAD

La narcoactividad es un flagelo que afecta a toda la sociedad nicaragüense y en la que se encuentran involucrados miembros de todos los estratos sociales,   principalmente hombres. Un estudio realizado en octubre del 2007 sobre las mujeres condenadas por el delito de Tráfico Interno de Estupefacientes (TIE) en Nicaragua muestra que mientras la población de las regiones autónomas es casi un 10% de la población nacional; la etnia miskita es tan sólo el 27% y la etnia creole, kriol o afrodescendiente el 4.5%, de ese 10%. Sin embargo, de las 11 mujeres condenadas y cumpliendo sentencia en el Sistema Penitenciario de Bluefields por TIE, 2 son mestizas, 2 de la etnia kriol, y 7 son de la etnia miskita. Asimismo,las 7 mujeres que se encuentran condenadas y cumpliendo sentencia en la Policía Nacional en Bilwi, Puerto Cabezas, están por TIE y son de la etnia miskita. Por lo que las mujeres presas constituyen por etnia el 17% mestizas, 17% kriol y el 66% miskito, en la RAAS; y el ciento por ciento de mujeres miskitas en la RAAN. La aplicación de la Ley 285, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas parece haberse ensañado con las mujeres indígenas que de manera desproporcionada, ya que en su mayoría, por exiguas cantidades se encuentran en las cárceles.
Estas mujeres son condenadas con penas entre 5 y 20 años; con multas de entre un millón y 5 millones de córdobas; y cuyos delitos no admiten ser sometidos a tribunal de jurado, excarcelación bajo fianza, condena condicional, libertad condicional, indulto, amnistía o ningún otro beneficio, como lo establece la Ley 285. Pero lo que todas estas mujeres tienen en común, además de ser madres de familia, es que pertenecen a minorías étnicas y tienen muy escasos recursos económicos, por lo que generalmente no conocen la lengua ni la cultura de la sociedad dominante, y no han tenido acceso a una defensa profesional y efectiva dentro del proceso penal. Por lo que es altamente debatible que las medidas aplicadas a estas mujeres guardan relación con un combate frontal y efectivo contra el narcotráfico; más bien estamos ante un caso claro de discriminación racial y de género en la aplicación de la Ley 285.

La Prensa de Nicaragua

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