Una gran cantidad de muertos y desaparecidos dejaron los enfrentamientos
entre indígenas de la etnia Aguaruna y efectivos de la División de Unidades Especiales
(DIROES) del Ejército, MAYO 2009
El baño sangriento empezó cuando los efectivos del orden se acercaron al sector Curva del Diablo, a escasos metros del estratégico puente de Corral Quemado que se encontraba tomado por nativos que iniciaron una huelga indefinida hace más de 50 días exigiendo que el gobierno derogue la Ley que atenta contra sus propiedades. La salvaje masacre ocurrida en Bagua (Amazonas) estuvo fríamente calculada por el Gobierno, y el propio Presidente peruano lo acepta cuando en tono irónico asegura textualmente “esto se venía venir”, pero lamentablemente no hizo nada para evitarlo, el último viernes cuando se produjo una serie de enfrentamientos donde perdieron la vida varios civiles y también más de una decena de efectivos policiales. Las protestas son originadas porque Alan García, al promulgar los decretos legislativos pro TLC con Estados Unidos, no hizo ningún tipo de consulta a las poblaciones indígenas, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), normas que tienen rango ley a nivel mundial, pero no se cumple en el Perú. Específicamente se trata de imponer el decreto legislativo 1090 que decreta que a partir de ahora el aprovechamiento de recursos forestales podrá hacerse bajo concesiones “por iniciativa privada”, “por el plazo de hasta 40 años”. Y el espacio concesionado podrá ser de hasta “40 mil hectáreas”. Es decir, el decreto legislativo 1090 aprueba uno de los puntos polémicos por los que la “Ley de la Selva” estaba a punto de ser archivada en el Parlamento.
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